Posorja de aproximadamente 30 mil habitantes lleva su nombre, en honor a una princesa indígena de una tribu que existió por esos lares desde hace mucho tiempo, cuenta la leyenda. Vivía por aquella época en la isla Puná y se había hecho famosa tanto por su belleza como por su capacidad para predecir el futuro. Posorja es una de las cinco parroquias rurales pertenecientes al cantón Guayaquil. Está ubicada al suroeste y está limitada al norte por la parroquia de El Morro, al este por el canal del Morro, al sur por el golfo de Guayaquil, y al oeste por el cantón General Villamil (Playas). 

Actualmente, se sabe de Posorja debido a su auge pesquero artesanal y principalmente porque la compañía dubaití DP World a través de una alianza público privada con el Estado Ecuatoriano, construye el puerto de aguas profundas. Posorja sería uno de los puertos más relevantes de la Costa Oeste de Sur América y colocará al Ecuador a la par con el crecimiento portuario que se está desarrollando en la región y el mundo. Su canal de navegación con profundidad de 16,5 metros beneficiará a todos los usuarios evitando mayores riesgos y permitirá maximizar la capacidad de carga de las Naves Post Panamax.

Gran parte de los habitantes de Posorja se dedica a la pesca artesanal. Existen alrededor de cuatro mil personas que diariamente pelan el camarón “Pomada” en plantas artesanales y comunitarias. Los “Pomaderos” como se le conoce a la flota de Posorja producen tanto para consumo y trabajo local como para exportación. Sin embargo, desde hace un par de años, son recurrentes los cortes del servicio de agua potable cuya competencia es de Interagua, aunque es Hidroplayas la encargada de proporcionar el líquido.

Pero, en las últimas horas Posorja ha copado la opinión pública debido a que miles de sus habitantes, fuera de control, atacaron un cuartel policial, causaron destrozos, hirieron a tres policías, incineraron un vehículo, una moto; y, sacaron de sus instalaciones a tres presuntos delincuentes para a través de “justicia por mano propia” lincharlos y matarlos.

Lo anterior nos lleva a plantear una serie de preguntas a fin de lograr comprender las causas de la violencia, tanto individual como colectiva, que los linchamientos expresan. ¿La violencia expresa acaso la descomposición social? ¿Qué papel juegan las autoridades en los estallidos violentos de grupos de individuos? ¿Por qué se llega a tal grado de irritación social, que un grupo de personas decide linchar a uno o varios individuos? ¿Es acaso el linchamiento una forma de ejercicio de la justicia de manera directa, por encima y aún en contra de la misma autoridad? ¿Se han perdido los límites de la violencia y hemos arribado a una espiral en donde la violencia genera más violencia?  La crisis de las autoridades expresa la causa más profunda de la violencia social, es así que lo que se pretende es dar una explicación a los linchamientos, destacando el vacío que tanto autoridades legales como públicas han generado y que la violencia ocupa de diferentes formas. La crisis de autoridad es acompañada de un sentimiento de indignación compartido por individuos y grupos de colonos o pobladores de comunidades que, ante la falta de respuesta de las autoridades o bien la ausencia de seguridad, estalla ante el menor pretexto y se expresa como violencia incontenible. En tal sentido es que Hannah Arendt nos dice: “La rabia sólo brota allí donde existen razones para sospechar que podrían modificarse esas condiciones y no se modifican. Sólo reaccionamos con rabia cuando es ofendido nuestro sentido de la justicia, y esa reacción no refleja necesariamente en absoluto una ofensa personal” (1973: 163); es decir, cuando tal ofensa adquiere un carácter colectivo, se convierte en guía, no en justificación, de la violencia misma.

Ortega y Gasset señalan que “en los motines que la escasez provoca suelen las masas populares buscar pan, y el medio que emplean suele ser destruir las panaderías. Esto puede servir como el símbolo del comportamiento que en más vastas y sutiles proporciones usan las masas actuales frente a la civilización que las nutre”.

México en los últimos 28 años ha incrementado la proporción a más de 60% (356 de 600) Cuando un grupo o conjunto de individuos actúan desobedeciendo los mandatos sean éstos legales o tradicionales, la autoridad se erosiona, pierde legitimidad; es así que los linchamientos son expresión de la crisis de autoridad, porque son expresión de la desobediencia a la autoridad. No es el actuar individual, es compartir con otros la acción y el sentido que ésta porta, señalando la inconformidad con la autoridad que no funciona y/o bien que funciona contra la sociedad y el orden social mismo (VILAS, Carlos M. 2005). La alarma está encendida desde hace rato, en Caracas hay un linchamiento cada tres días, en México en lo que va de la última década se han contabilizado 600 y lo mismo en Lima. Pensar que los estallidos sociales son aislados es una utopía, más aún cuando aquellos “rumores” se develan como la insatisfacción de las masas y la falta de credibilidad de aquellas instituciones que están llamadas a velar por la seguridad ciudadana. El pueblo no olvida y queda en la retina de los ecuatorianos cómo una Asamblea Nacional se desangra con casos de diezmos y de tráfico de influencias, una judicatura cuyo ente que debería administrar los órganos de justicia y sus operarios con probidad ha demostrado incapacidad en el manejo de la misma, una Fuerza Pública que ha sido permeada por la delincuencia organizada y por la mayor transnacional: el narcotráfico, en donde ya es común observar entre los capturados a miembros en servicio activo liderando las bandas. La ciudadanía ha perdido la confianza en la institucionalidad del Estado, ya no “come cuento” y es hora de catalogar a los linchamientos como un fenómeno contemporáneo que tiene su mayor incidencia en zonas urbanas y rurales por igual, en donde se requiere considerar factores como el índice de desarrollo y el nivel de seguridad.

Hoy por hoy nos preguntamos: ¿participaría en un linchamiento cualquier individuo que previamente no está dispuesto?, ¿basta con que se le presente la ocasión para que actúe violentamente? O bien, planteado de otra manera: ¿basta con ser despojado de sus pertenencias para disponerse a linchar al ladrón?, ¿basta con ser pobre para decidirse a robar?, ¿un atropellamiento o un incidente vial bastan para querer linchar al conductor? (CASTILLO, Eduardo 2000). A tales preguntas se pueden dar diferentes respuestas, pero todas tienen un elemento común: se requiere un mínimo de predisposición o haber llegado al límite, es decir, que adquiera el rango de indignación moral.

Los rumores no fueron en Posorja. La violencia es el producto de esos rumores que redundaron en hechos pertinentes como los acaecidos hace una semana cerca de Santo Domingo de los Tsáchilas en donde miembros de una localidad detuvo a policías en servicio activo, haciendo justicia con sus propias manos. Otro factor y el principal detonante, la misma corrupción de los de cuello blanco que viene sacudiendo y mermando los principios de paz y armonía que deben reinar en una sociedad civilizada; además que el Ecuador no se ha recuperado de la decadencia depredadora de principios y valores de la década del ex presidente Correa y que hoy paulatinamente son alarma social: niños abusados y secuestrados, narcoterrorismo, violencia intrafamiliar, ajustes de cuentas, sicariato, y el peor de todos los males: la impunidad.

Una vez más la inteligencia y contrainteligencia, ex SENAIN, y segundos departamentos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han fallado. Así es!, de la misma forma que fallaron en el manejo de la información durante los actos de violencia de inicios del año en la frontera norte, mismos que se podían haber evitado. La dinámica del tejido social y sus amenazas permiten a los agentes determinar el escenario más probable, por más lejano y remoto que éste parezca.

Permítanme decirles ecuatorianos que lo de Posorja no fueron rumores, son realidades, y depende de que quienes ostentan cargos públicos junto a los medios de comunicación logren evidenciar cualquier acto al margen de la ley y que la justicia opere sin sobornos y por igual para todos; caso contrario, el Ecuador se verá sumido en un viaje sin retorno hacia un Estado de tinte medieval fallido.