Tanto se ha abordado del rol que juega la democracia en los Estados, ya en el decurso del cuarto lustro del siglo XXI, que es menester abarcar el análisis de lo que implica la lucha contra la corrupción, en particular en los países emergentes y todos aquellos en los que gracias a la manipulación de sus distintos componentes y poderes, han logrado crear lo que se conoce con el nombre de autocracia.

Para esto, debemos apreciar que una democracia de baja calidad estará directamente relacionada con el estado de derecho y su vigencia en los mandatos de líderes populistas cuyas decisiones aterrizan al símil del caudillismo.

Al cotejar los índices de inseguridad, o en su defecto, de ausencia de seguridad ciudadana, y en materia de defensa, al referirnos a seguridad interna y externa, resulta preocupante que la mayoría de Estados que adolecen de una democracia de calidad, tienen los más altos índices en lo que respecta a delincuencia común, delincuencia organizada, y delitos que atentan contra la fe y administración pública y contra la vida; lo que da cuenta de que los actos de corrupción de quienes ostentan cargos públicos, y tienen a cuesta la tarea de tomar decisiones como operarios de justicia y de administración en sus gobiernos seccionales, toman fuerza una vez que en cada acto, hay presencia, de sobornos y cohechos. 

Esta espiral ascendente, al prescindir de un esquema de control efectivo, abarca a la mayoría de niveles del sistema, en donde los mayores afectados concluyen siendo los beneficiarios del mandato o quienes aspiran recibir justicia; ambos llenos de vicios y desenvueltos en un entorno de democracia de mala calidad.

En gran parte de los países latinoamericanos, el proceso de democratización ha conllevado, bajo distintos enfoques, estimar el grado de corrupción, una vez que se alcanza la gobernabilidad, ya sea después de dictaduras militares o de prolongadas guerras intestinas como por ejemplo el conflicto colombiano, en cifras que a la postre concluyen en la misma dinámica del proceso. En otras palabras, el combate a la corrupción podría darse estableciendo políticas de transparencia, mejoramiento de la capacidad administrativa y consolidación de la seguridad individual; que al verse en perspectiva, se torna en un trabajo interinstitucional y transdisciplinario que en la estructura de los Estados redunda en la optimización de procesos desde el Ejecutivo hasta el gobierno autónomo descentralizado más pequeño.

De ahí que en Ecuador, por más esfuerzos que se realicen, mientras no exista probidad en las autoridades públicas y líderes políticos, muy difícilmente se lograrán reducir los impactos producto de la corrupción.

Sectores públicos como el petrolero, salud, educación, defensa, seguridad interna, comunicaciones, agrícola, ganadero, medio ambiente y más, se han visto seriamente afectados en sus presupuestos por la corrupción; pues al no disponer de métricas para definirlo, se aprecia en su EBITA (margen de utilidad antes de impuestos e intereses) si es privado u ofertarte de productos y servicios; o en el caso de ser una entidad de gasto corriente, más aún, pues parte del presupuesto se verá encaminado a determinar un cuantioso porcentaje que dista de la realidad. El Servicio de Contratación de Obras Públicas, ha definido que hay un perjuicio al Estado de casi 1500 millones de dólares por el costo de oportunidad, al ser utilizado en más de 60 por ciento de las ofertas por parte de los entes del Estado la contratación directa; lo que facilita que fluyan recursos a terceros no contemplados en el acto de contratación de servicios o adquisiciones, en otras palabras, aparece nuevamente la mano negra de la corrupción.  

¹ Morlino, L. (2018). Las democracias en America Latina: un balance con consecuencias políticas. SocietàMutamentoPolitica, 9(17), 27-42.