• Enlace 490
• La ira del Presidente, Acción de Protección
• Día de la Infamia – 31 de Agosto de 2016
• Coyuntura correísta con militares
• Lenín Sánchez, un caso especial
• Dejado a la suerte por mi Comandante
• Incongruencias entre miembros del Consejo
• Alianza País y su acostumbrado linchamiento
• Enlace 491
• La llamada telefónica que lo definió todo
• La jueza “golondrina»:  Jazmín Pérez Mayorga
• La jueza Wolf y sus cuatro minutos
• Justicia clientelista

 

 

Enlace 490

EO: Una vez que el Dr. Juan Vizueta subió a las redes sociales la resolución del consejo de disciplina, personeros de Gobierno comenzaron a manifestar su inconformidad, tantos en redes sociales como en medios de comunicación oficiales y no oficiales. De un petitorio de sanción al fallo de un cuerpo colegiado de mi Institución derivaría en un entramado que el mismo Presidente iría tejiendo con su séquito y que tendría el saldo fatal de una Institución alienada por los tentáculos del poder y desgastada en todas sus prerrogativas.

El ex presidente Correa en su enlace 490 desde Jujan manifestaría: “Cometimos el pecado de cobrarle 41 millones al ISSFA que nos había cobrado demás con terrenos que dicho sea de paso era de Defensa Nacional hoy son del Parque Samanes de Guayaquil, como hemos cometido el delito de proponer reformas a la seguridad social se dieron a la ingrata tarea algunos oficiales pasivos por supuesto, pero activos también, de insultar al Presidente por redes y ahora que se busca la sanción para esos oficiales hubo la consigna de dejarlos en la impunidad con el argumento de que el Presidente no es su superior”, por lo que señaló que “están negando la Constitución”.

Dado el alcance mediático, el Presidente hizo creer al país que los supuestos insultos eran por redes sociales, lo que era totalmente falso. El país comenzaría a confundirse de todo aquello que implicaba el sancionar a un oficial en servicio activo y el debido proceso como garantía de derecho y defensa. 

El presidente Correa en aquellos días habría presentado un amparo constitucional para que se sancione a los involucrados en insultarlo. Comenzaba a caotizar y generar el desprecio a FF.AA. señalando: “estamos en un momento crítico, pero histórico”.

El Presidente señaló que, “el problema es un problema de poder, jamás un presidente civil se ha atrevido a decirle a las FF.AA. que hacer, como viene este Presidente de la izquierda, este muérgano civil a decir, entonces la soberbia la arrogancia no, como se atreve, así hay algunos mail, algunas comunicaciones, como se atreve, o sea que se cree y decirles algo es insultar a las Fuerzas Armadas cuando el Presidente debe exaltar a las Fuerzas Armadas, basta ya por favor, todos reconocemos, estamos orgullosos, queremos profundamente a nuestras Fuerzas Armadas, pero ya basta, ya basta de que no se pueda cuestionar nada”.

Después de lo que he vivido, podría decir que el Presidente tiene algo de razón en sus expresiones, pero puedo concluir que todo lo que el manifiesta es exactamente lo que su corazón sentía en esos momentos: odio, rencor, antagonismo, división, resentimiento y algunos sesgos muy marcados en contra de FF.AA.. Cuando recapitulo escuchando sus sabatinas, especialmente aquellas en las que ha vociferado y vilipendiado en contra de los soldados activos y pasivos, reflexiono en consecuencia y digo a mis adentros: – de lo que dice el Presidente, es exactamente lo que el siente y contrario a la razón -. Que el pueblo le haya creído, o no, se reflejaría en el país que heredamos de la revolución ciudadana.

La ira del Presidente, Acción de  Protección

EO: Frente a la decisión del consejo de disciplina de no sancionarme, Rafael Correa, investido de su cargo de Presidente de la República presentó una acción de protección, el 26 de agosto del 2016, en contra de los miembros de dicho Consejo: los capitanes de fragata Luis Ordóñez Eras; Luis Eduardo Kon Becerra; Marco Vinicio Cáceres Vásconez; Diego Fernando Rubio Espinoza; y el capitán de corbeta José Pontony Zumárraga. 

De hecho, desde Cuenca, Esmeraldas y Guayaquil, en varias entrevistas al Mandatario, las amenazas no dejaban de llegar. Manifestó ante medios de comunicación que dentro de la Armada se estaba cumpliendo una consigna y que era gravísimo. Es increíble como en la mente del Mandatario se iba tejiendo una novela de terror. 

O estaba mal informado o su personalidad no le permitía actuar en consecuencia; es decir, dejar de sentenciar a priori y respetando su categoría de estadista, hacer prevalecer la ley por sobre todas las cosas. De igual forma el pueblo lo escuchaba y comenzaría a sacar sus propias conclusiones.

Yo el Supremo

AM: En distintas etapas de la historia, la mayoría de nuestros países han tenido que soportar a dictadores, con sus abusos, excentricidades, veleidades y truculencias. Uno de ellos es el Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, Dictador Perpetuo (El Supremo), quien gobernó Paraguay desde 1816 hasta 1840. El escritor paraguayo Augusto Roa Bastos (1917-2005) en su obra Yo el Supremo reflexiona sobre Rodríguez de Francia: “Él es la figura totémica de la novela, un hombre dedicado a la redacción de un interminable documento público, la Circular Perpetua, y cuyo contrapunto encontramos en Patiño, su no siempre fidedigno secretario. La relación del Doctor Francia con aduladores, intrigantes, súbditos y gobiernos vecinos fructifica en un torrente oral y textual que aspira a instituirse como poder absoluto encarnado en el verbo único”.

En nuestro país estamos viviendo el “poder absoluto encarnado en el verbo único” del Presidente Correa, cada vez hace esfuerzos por tensar más la cuerda de la democracia, ahora le tocó a los militares.

El Presidente Correa que había ordenado, a través del Ministro de Defensa, que se instaure un consejo de disciplina en contra del capitán Edwin Ortega, para que sea sancionado por supuestos insultos hechos al Presidente a través de una carta, en contestación a la enviada por el Jefe de Estado al correo electrónico personal de Ortega. El consejo de disciplina inadmitió la acusación al capitán. Frente a la decisión de los miembros de dicho Consejo, Correa de inmediato planteó un recurso de protección, sosteniendo que la inadmisión vulneró su “derecho constitucional a la seguridad jurídica”, pidiendo “que se ratifique que el Presidente de la República es la Máxima Autoridad de las Fuerzas Armadas, Superior Militar y Jerárquico, correspondiéndole el primer escalón de mando, según ordena el numeral 16 del artículo 147 de la Constitución, y artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y que, por lo tanto, constituye una Autoridad Superior de cualquier miembro de Fuerzas Armadas”.

Ratificar, según la RAE, es: “confirmar la validez o la verdad de una cosa que se ha  dicho o se ha hecho anteriormente”.

La jueza, lo único que debía “ratificar”, sin ninguna discusión, lo que establece la Constitución en su “Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley”.  El numeral 16, dice: “Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial”.

De ahí que se “ratifique” que es “Superior Militar y Jerárquico, correspondiéndole el primer escalón de mando, no tiene el menor sentido de la razón, un lego en derecho lo rechazaría ipso facto, solamente vale recordar que en el campo del derecho público no se puede hacer sino aquello que está expresamente permitido por la Ley.

Frente a esta pretendida agresión al derecho y a la razón, me permito recordar uno de los considerandos de la Ley Orgánica del Servicio Público:

“De conformidad con lo establecido en los artículos 160, 170 y 181 numeral 3 de la Constitución de la República, los miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el personal de carrera judicial se regirán en lo previsto en dichas disposiciones por sus leyes específicas y subsidiariamente por esta ley en lo que fuere aplicable”.

La Ley Orgánica de la Defensa Nacional, en su Art. 3.- dice: “El Presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y ejerce tales funciones de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República y más leyes pertinentes. Sus funciones constitucionales, en los aspectos político-administrativos, las implementará a través del Ministerio de Defensa Nacional; y, en los aspectos militar-estratégicos, con el Comando Conjunto, sin perjuicio de que las ejerza directamente”.

Para que se considere que el Presidente es “Superior Militar y Jerárquico, correspondiéndole el primer escalón de mando”, habría que reformar la Constitución, (podría ser en formas inmediata a través de una enmienda) y la Ley de Personal de las FF.AA. que en su Art. 29.-  dice: “Superior militar es quien tiene mayor grado o antigüedad, con respecto a otro, entre los miembros de las Fuerzas Armadas.”; en consecuencia, a los grados de General de Ejército, Almirante, General del Aire, que son los de mayor jerarquía de las tres Fuerzas. El Presidente para que se constituya en “el primer escalón de mando”, habría que crear el grado de Mariscal de Campo como Idi Amín Dada, Capitán General como Augusto Pinochet o como Francisco Franco, Generalísimo “Por la gracia de Dios”.

Vale la pena recordar que de todas las constituciones, sólo la de 1967, en el Art. 251, establecía que “El Presidente de la República es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”.

Por último, un anuncio importante, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, hizo conocer que el Presidente Correa no pedirá reparación económica por la supuesta vulneración de sus derechos. Imaginémonos el Capitán Edwin Ortega obligado a pagar 40 millones de dólares.

 

EO: Para el miércoles 31 de Agosto del  2016, como ingrata coincidencia en horas de la mañana, el Presidente en el entramado que tejía en su mente, sin pelos en la lengua matizaba la tensa relación con las FF.AA. en un encuentro que, se suponía, debía girar alrededor del Seguro Social Campesino, en el Coliseo Rumiñahui en Quito. 

El primer mandatario usó 25 de los 35 minutos de su discurso para defender las reformas al ISSFA y criticar a ciertos uniformados, entre los cuales sin duda me encontraba yo, pues desde que presentó la acción de protección, cuya audiencia se realizaría en horas de la tarde de ese mismo miércoles, mi carta la llevaba a todos lados. Ratificaría su tesis de los “golpes de Estado suaves”. Manifestaría a los campesinos presentes lo siguiente: “un consejo disciplinario cambió la Constitución, decidió no sancionar a un oficial que mandó una carta insultante al presidente; argumentaron que el presidente no es un superior, destrozaron la Constitución”. 

Qué manera de manipular los hechos, ahora que lo he vivido en carne propia, puedo decir que el Presidente de algo tan pequeño tenía la sagaz capacidad de hacer una hecatombe. Ahora con mayores elementos de juicio puedo entender muchas cosas, y tengo mis serias dudas de la versión oficial del 30-S y de muchos hechos más en esta década correísta.

Esa mañana, también advertía que su Gobierno estaba enfrentando duros momentos. “Ustedes conocen a este Presidente. Aquí nos encontrarán bien parados, en base a la verdad, no a la fuerza; a la razón, no a la prepotencia”. 

Mientras hablaba del ISSFA no dejaba de criticarme. “Él es uno de los militares que respondieron un correo enviado por el mandatario”. Correa, otra vez, calificó esa respuesta como “irrespetuosa”. 

En pleno congreso campesino, como es costumbre, en ausencia de los vilipendiados, vociferaba y vociferaba; por lo que creo que los asistentes no han de ver tenido la menor idea de lo que se trataba. 

Leyó varios fragmentos de la misiva. Aseguró que yo había criticado las políticas del Gobierno como el juzgamiento de uniformados por los delitos de lesa humanidad perpetrados contra Alfaro Vive Carajo; así como el haber aceptado a las FARC como un grupo en conflicto, no como terroristas. 

“Es inaceptable, no se puede tolerar. Es hoy o nunca que cambiamos este país. Todos unidos a rechazar estas posturas intolerables en la patria democrática del siglo XXI”, manifestó. Y me sentenció como de costumbre. Dijo que “el oficial debe ser sancionado y separado de las FF. AA”. 

Mientras tanto, el tema que convocó a miles de campesinos hasta la capital pasó casi desapercibido. El discurso de Correa, quedó reducido a cinco minutos de referencias a los avances que ha tenido el seguro campesino en los últimos diez años. 

Esto demuestra una vez más el plan maléfico que se estaba tejiendo alrededor de FF.AA.; y sobre todo, cómo se puede aprovechar del mal empleado poder para convocar a campesinos que esperan que sus temas sean considerados como relevantes, pero ellos no se dieron cuenta que son piezas, al igual que nosotros los militares, en el tablero de abuso de poder que caracterizó a la revolución ciudadana. Habían viajado a la capital para escuchar al Mandatario despotricar en contra de los soldados, y por ende generar más división y antagonismos entre grupos sociales.

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Día de la Infamia – 31 de Agosto de 2016

EO: En la Unidad Judicial Norte, en Guayaquil, se desarrolló la audiencia por la acción de protección planteada por el ex Presidente Correa, en contra de la resolución del Consejo de Disciplina de la Armada que falló a mi favor.  

Alexis Mera, en su comparecencia, como secretario jurídico de la Presidencia, representando a la parte accionante, se refirió a la «vulneración de un derecho y que sea restablecido». Citó como más grave el hecho de que yo haya escrito: «pare de mentirnos, sancione tanta impunidad y corrupción”; frase motivo del dilema y que ofendió tanto al Presidente. Razones aparentes, más no reales. Mera citó el artículo 3 de la Ley de Defensa Nacional que establece que el Presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. «La decisión impugnada es una patente de corso para insultar al Presidente«, acotó.  

Jamás olvidaré esta tarde última del mes de agosto del 2016.  Me encontraba en el velorio de la abuela de mi ex esposa, cuando de pronto sonó mi teléfono. Era Juan Vizueta que me decía que debíamos presentarnos como parte interesada en la audiencia de la tarde. – Pero ¿voy de civil? – Replicaba un tanto nervioso. – ¿Eres o no marino de guerra?, ¿escribiste la carta como comando infante de marina o como ciudadano común?.  

De hecho, todas las interrogantes me conducían, casi volando a vestir el blanco uniforme. 

Juan era un ex liceista. Se había formado como todo joven valiente a la luz del buen ejemplo de sus padres sumada a una formación académica y disciplinaria exigentes en el prestigioso Liceo Naval de Guayaquil, cuyo instructor militar sería el contralmirante Aland Molestina Malta, ex Comandante General de Marina. Este grado de formación hizo de Juan un amante de las causas justas y admirador ferviente de los soldados de honor. Desde que comenzamos este largo vía crucis su impetuosidad y valentía confluían con su acervo y caballerosidad. 

Abogados como él, pocos, lo que hacía que me comprometa a demostrar mi valía como infante de marina y estar a la altura de sus expectativas. 

Muchas veces quise flaquear, no obstante sus palabras de aliento me hacían ver de que hay cosas peores en la vida y que una dosis de problemas no le venían mal a nadie, al menos, para darle mayor interés a la aburrida vida que solemos llevar.

Era impresionante ver la gran cantidad de gente que fue citada aquélla tarde en la Unidad Judicial de la Florida Norte. 

Prescindiendo de una memoria fotográfica, recuerdo claramente cómo mujeres, niños y adultos mayores estaban haciendo una especie de columna apoyados en todos los edificios de la Unidad. 

Hacía el típico sol de pasado el medio día en Guayaquil, tan canicular que la misma humedad buscaba su sombra. Humedad que la consumían quienes no alcanzaron a entrar a las cómodas y acondicionadas salas de las obras de la revolución ciudadana. 

Sin alejarme mucho de la realidad, habrían, al menos unas mil personas. Vestían camisetas de distintos colores, obedecían, sin lugar a dudas, a distintas organizaciones afines al gobierno.

Era increíble pensar, que tanta gente allí presente, podían apoyar causas que ni ellos mismos conocían a cabalidad. Además, desde esos mismos instantes logré entender que para sobrevivir ante los embates del Gobierno debía desenvolverme con cautela, entereza, bien informado y frontal. 

Más no solo, poco a poco, la prensa y algunos gremios se dieron cuenta de que mi lucha era totalmente asimétrica. Como lo satirizaría Bonil en una de sus caricaturas “Edwin y Golpiat”, la lucha fue totalmente desigual e infame. Los mayores gestores de odio fueron: la prensa oficialista con diario El  Telégrafo, Canal 7 Ecuador TV, Gama TV y TC Televisión; y el “troll center” que operaba desde algún escondite. Demostraron su lealtad al oficialismo, publicaban notas que de fondo y forma sugerían se me sancione, no contrastaban las noticias que se vertían a favor o en contra de mi caso; y, concluían con juicios de valor. La objetividad, mientras tanto, demostradas por El Universo, El Expreso, Ecuavisa y Teleamazonas, me hicieron ver que aún se podía confiar en una prensa seria e independiente, que fue lo que justamente en campaña en el 2007 ofrecería el candidato Correa. 

Alcanzamos con mi abogado las gradas, todo estaba saturado de gente de gobierno. Aparecerían rostros conocidos de la palestra política, entre los que alcancé a reconocer a la Alcaldesa de Milagro y al Gobernador de Guayas, entre otros. A nuestro arribo a la sala para la audiencia, la policía no permitía ingresar a la poca gente que nos apoyaba, solamente lograron acceder los ayudantes del Dr. Vizueta. Al rato menos pensado, la sala de audiencias estaba repleta de figuras de Alianza País y gente de la revolución ciudadana que gritaban vivas a favor del presidente y poco a poco subían la temperatura con proclamas en mi contra.

En breve, ingresó el Dr. Alexis Mera, abogado y Secretario Jurídico de la Presidencia, a mi modo de ver, sino uno de los cerebros de la revolución, era quien judicializaba el accionar del oficialismo en contra de la oposición; en otras palabras, tornaba lo ilegal en legal, de ahí su frase célebre “Debo aceptar que cometimos errores de buena fe”. Convencido estoy que muchos de los atropellos de parte del Gobierno fueron promovidos por éste, tristemente célebre, coideario del correísmo, que también fue asesor legal del ex presidente Febres Cordero y que desde muy joven conoció el teje y maneje de la política y los vaivenes del entramado del poder. Lamentablemente, sus herramientas, argucias y artificios contaminaron la forma de relacionarse de la Justicia con el poder político. Este personaje nefasto fue uno de los principales detractores del bien y del estado de derecho, dejando como legado una justicia manipulada y corroída desde sus raices hasta sus más complejas manifestaciones. 

Dentro de la sala escuché una voz tan sutil y poco varonil, me refiero a Alexis Mera, que disgregaba con su actitud opulenta y prepotente, más aún cuando se presentaba ante los medios de comunicación en los distintos actos de corrupción cuando salpicaban al Gobierno. – Hola Juan cómo estás – saludaba a mi abogado dando a notar que en medio de la hipocresía prevalecía la caballerosidad y diplomacia entre colegas del derecho. No obstante, una vez ubicadas las partes, debíamos preparar el material como parte interesada. Los oficiales del Consejo de Disciplina nunca llegaron, tampoco su abogado; por lo que la Jueza Vanesa Wolf, dio inicio a la Audiencia siguiente al pie de la letra las formalidades dispuestas por la ley. 

Recuerdo claramente cuando Mera tomó la palabra, más allá de defender los derechos del Presidente,  se dedicó a darnos clases de cómo debemos respetar al Mandatario y que si no procedían con la firmeza y decisión que les caracterizaba, de seguro habrían más faltas de respeto. – No tenemos nada contra usted Capitán Ortega pero debe respetar –  señalaba con un semblante de estar cumpliendo con mala gana los mandados de su patrón. 

En todo este proceso, y cuando se hizo pública la carta, la frase que más escuché en quienes defendían y estaban de acuerdo con las decisiones del nivel político en mi contra, era que ¿qué hubiera ocurrido si yo escribía una misiva de la misma forma a un superior militar?. La respuesta es muy sencilla, hubiera sido sancionado, si el caso ameritaba, mediante un proceso que se encuentra definido en un reglamento de disciplina. Si por a o b motivos el proceso era mal llevado, simplemente operaban una de las causales del debido proceso y se declaraba nulo. Al parecer el presidente olvidó su carácter de estadista e investidura de Primer Mandatario, haciendo caso omiso de su caballerosidad y hombría de bien, sumado al mal asesoramiento de sus esbirros, buscaron todas las formas a través de los métodos ilegales más violentos para buscar una sanción inexistente. Si el mandó un correo a los correos privados de los soldados de la patria como burlesca y eufemísticamente usualmente nos llamaba, debía esperar una respuesta; más sin embargo, nó solo que los personeros del Ministerio de Defensa buscaban pretextos para invadir nuestro espacio, sino que, a mi modo de ver, su misión era la desinstitucionalización de la vida militar. El morbo y el sarcasmo malintencionado que acompañaban al Presidente en los enlaces ciudadanos 490 y 491, en el Coliseo Rumiñahui con los indigenas y en todas las antevistas y ruedas de prensa de las últimas semanas de agosto y primeras de septiembre del 2016, me hicieron concluir que conforme se iban desarrollando los eventos, mientras más bola de nieve se tornaba alguna situación, más placer sentían. 

A pesar de expresarse como una persona descompuesta y sin bondad ni indulgencia, el Presidente gozaba inventándose sus “triquiñuelas” a fin de que todo un país aprecie su labor en contra de los “malos”. 

Y es que fue así. El gobierno de Correa era un símil del Palacio de la Justicia. Cuando de dar cacería a los “malos”, “enemigos de la justicia”, ellos, los super héroes de la revolución ciudadana se ponían de acuerdo, y reventaban al que se lo merecía. 

Muchas veces comenzaba con la orden en la sabatina, así no hayan pruebas, la voz de Correa era la orden dada, y así era, sin evidencia alguna cuando uno era nombrado despectivamente, a lo lejos estaban sus tinterillos tomando nota. 

El Telégrafo y el troll center se activaba y comenzaban a dar más pistas en el cyberspacio para que los justicieros vayan afinando su puntería. 

Dependía del pecado, error, o simplemente acción que iba en contra de la institución llamada “revolución ciudadana” para tanto en tiempo como en espacio ser destruido o minado la moral. 

“Gobierno” no abarcaba el todo que implicaba la “revolución”. En el todo estaban adherentes, amigos, conocidos, familiares y simpatizantes que no necesariamente ocupaban cargos públicos; es decir eran burócratas con la suerte de ser allegados a alguien que sí ocupaba esos cargos; en otras palabras todos aquellos que formaban parte del sistema gobierno-revolución ciudadana afinaban puntería y ponían a cero las miras para literalmente cercenar a todos los “malos”.  

Ya desgastada la víctima, operaban con todo el volumen de fuego, hablando en términos militares. Fiscalía, Judicatura, Medios Públicos, Policía Nacional y FF.AA., en mayor o menor medida realizaban las tareas de campo; y finalmente quienes consolidaban el objetivo era el mismo Presidente cerrando con broche de oro que el “antipatria” “sinverguenza” “corrupto” “traidor”, etc, etc; había sido justamente puesto a órdenes de las autoridades competentes y sancionado como corresponde. 

No es parte de este libro pero podría citar algunos de los tantos casos en los cuales la justicia correísta operó y lo hizo con eficacia al punto que muchos de los que fuimos sometidos terminamos presos, detenidos o privados de la libertad.  

Culminada la audiencia, luego de la brillante y magistral intervención del Dr. Juan Vizueta. La jueza pidió un receso con el fin de dictaminar sentencia. Cuando hablaba mi abogado, no era suficiente escucharlo y saber que era la voz de la otra parte; era meritorio poner atención a cada una de sus diatribas. Considerado uno de los mejores penalistas del país, era docto y extremadamente prolijo de la investigación forense. Quienes han tenido el privilegio de haber sido alumnos de Juan, o quienes como en mi caso, fuimos testigos de cómo se empoderaba de sus casos al punto de que cada causa la consideraba suya propia. Sus gestos, al momento de litigar o de exponer causas, efectos, argumentos, teorías y doctrinas emanaban un aire sobrio que auguraban mejores días para la justicia ecuatoriana. 

Juan, por concurso de oposición y méritos, debió haber sido el Fiscal General de la Nación. No obstante, el gobierno necesitaba un individuo que archive todo aquello que vaya en contra de la revolución; y, que inicie toda causa que neutralice a todos y cada uno de los ecuatorianos que piensen diferente y que sean considerados como amenaza para el proyecto de Alianza País. 

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Para ello, qué mejor que el tío en segundo grado del mismísimo Correa, quien  venía con vasta experiencia en ocupar cargos en su gobierno. Galo Chiriboga reemplazaría a Washington Pezantes desde el 2010 luego de haberse desempeñado como Gerente de Petroecuador y Embajador en España. 

Culminados los cuatro minutos de receso, la Jueza Vanesa Wolf dictó sentencia: “La vulneración al derecho constitucional de la seguridad jurídica de la parte accionante al haberse en Resolución No. CUINMA 001-2016 emitida por el Consejo de Disciplina conformado por los accionados y emitida de fecha 17 de julio del 2016, inobservado lo establecido en el artículo 147 numeral 16 de la Constitución de la República del Ecuador que establece que le corresponde al accionante: “Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”, y en consecuencia se ordena dejar sin efecto la mencionada resolución. Por lo tanto se dispone que de manera inmediata la autoridad competente conforme un nuevo Consejo Disciplinario a fin de que juzgue la conducta del señor EDWIN LUIS ORTEGA SEVILLA, quienes deberán resolver sobre la base de las disposiciones constitucionales y legales indicadas en el contenido de esta resolución”. 

La prensa al siguiente día señalaba que: “El Secretario Jurídico solicitó que como reparación integral se ratifique que el Presidente es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, que se garantice que la vulneración no se repita, y que el Jefe de Estado no pedirá ninguna reparación económica.  En la audiencia no estuvieron los cinco oficiales del Consejo de Disciplina. Juan Vizueta, abogado de Ortega, solicitó la improcedencia de la acción planteada por ilegal e inconstitucional. No obstante, en su resolución, la jueza Vanessa Wolf señaló que efectivamente se vulneraron derechos y declaró a lugar la acción planteada por Correa. Como reparación integral dejó sin efecto la resolución del Consejo de Disciplina  e indicó que se “deberá designar un nuevo Consejo”. 

A nuestra salida de la Unidad Judicial el panorama no distaba mucho a como estaba configurado a nuestro ingreso. 

Tratábamos de ir a paso acelerado con Juan y el resto de abogados, colaboradores y alumnos que nos respaldaban. Los gritos insultantes comenzaron a elevar la temperatura del lugar. 

Aproximadamente habrían unas dos mil personas, tanto dentro como fuera de la Unidad. Todo se había paralizado. Era una tarde especial para la justicia correísta, pues se había atropellado no sólo el debido proceso de un ciudadano que coincidencialmente formaba parte de la Fuerza Naval, sino que además, el presidente se burlaría una vez más de las FF.AA.. 

No le habría bastado remover mandos a su libre albedrío, ni tratar de dividir a oficiales y tropa, ni destruir el ISSFA, etc; sino que a través del caso Ortega lograría mancillar la disciplina militar; pues no se trataba de que uno como soldado tenga patente de corso o fuero especial, simplemente la justicia correísta me sancionó por la misma causa dos veces (non bis in ídem), una jueza correista que ilegalmente dio paso a una acción de protección con medidas cautelares horrorosas, una carta que fue en doble vía, es decir se violentó el derecho a la correspondencia asumiéndose como prueba un correo netamente personal (remitente y destinatario y viceversa); y, de haber sido falta ya habría prescrito.

A todo esto se sumó, que el proceso sufrió una serie de vicios e improcedencias que con el segundo consejo de disciplina se configuraría; un atropello brutal no solo a mi persona en materia legal y de derechos humanos, sino también, a la poca dignidad que como remanente quedaba en FF.AA., producto de la inoperancia, cobardía y deslealtad de ciertos cuadros que formaban vergonzosamente parte del mando militar. -Militar corrupto!, -Muérete por irrespetar a nuestro Comandante en Jefe!, -Cobarde! Y demás epítetos que marcarían en mí un antes y después como soldado. 

Además de ser testigo como esas dos mil y pico de personas se desgarraban por representar el odio y abuso de poder que ha caracterizado a su máximo exponente, se aferraban a una lucha ciega y estéril por nada; pues convencido estoy, que ellos, los que no trabajaban para el Gobierno, aquella tarde estaban sometidos a migajas y pequeñas dádivas; y, los burócratas hicieron presencia por un simple “aquí presente” a cambio de conservar sus puestos y empleos.

La tarde del 31 de agosto del 2016 fue el día de la infamia en donde Rafael Correa Delgado pisoteó la Constitución, las leyes y la libertad de un pueblo en creer en que el mandato era para fomentar paz, trabajo y bienestar; más no, para aprovecharse de su poder y atentar contra el último de los bastiones, la disciplina como principio universal en la institucionalidad de FF.AA. 

Fue por demás absurdo que se piense que el Presidente quería justicia para él. Que seis oficiales le manifiesten a través de una misiva lo que piensan de su Gobierno, al Mandatario no le interesaba en lo más mínimo. El plan fue aportar con una de las mayores acciones en contra de la Institucionalidad de FF.AA.. Disponer que una Jueza Constitucional falle a favor de él en contra de otro fallo (el de la Armada), no tiene parangón en la historia de este país, más aún por todos los factores que rodearon este caso.

A partir de aquel momento, el miedo cundiría en medio de los uniformados y sumado a la constante injerencia política, en particular por su principal verdugo, Ricardo Patiño, el futuro de la Patria estaría en juego hasta el último día de la contienda electoral.

Coyuntura correísta con militares

EO: Como Comandante del Batallón de Infantería de Marina Guayaquil, desde el mes de Mayo, pude palpar cómo nuestro personal, tanto oficiales como de tropa, enfrentaban algunos casos de desinstitucionalización, el tema ISSFA como el caso Ortega con una tensa calma, pero sobre todo de desprendimiento y hasta con un poco de morbo; pues, era la primera vez en los gobiernos post dictadura, que un Presidente que se decía ser democrático, tolerante y respetuoso de los derechos humanos, despotrica, persigue y mutila la carrera de un oficial de rango medio. 

Parecía que iba ocurrir todo lo contrario; es decir, que se iba a crear un ambiente hostil hacia el Gobierno y con consecuencias bastantes desalentadoras en contra de la democracia. Más aún cuando el discurso del Presidente fue odiador, disociador y buscando confrontar a la tropa contra oficiales. Esto último, sumado a las dizque obras que Patiño estaba realizando en favor de los “más necesitados” dentro de FF.AA. Equilibraron la balanza”, neutralizando cualquier intento de reclamo ante las ofensas gobiernistas o ante los atropellos que a diario estaban sufriendo el ISSFA y mi persona. 

Por una parte, no hubo desborde de pasiones ni insubordinaciones, más bien hubieron actitudes quemeimportistas de unos y blandas de otros, en especial de los más antiguos comandantes de unidades operativas, cuyo deber, más allá de mantener la disciplina, era el de pedir explicaciones, vía órgano regular, de todo lo que se venía dando en contra de FF.AA.. Tanto los Comandantes Generales de Fuerza como el Jefe del Comando Conjunto debieron haber mantenido informada a la oficialidad y tropa en orden de jerarquía. De lo que pude ser testigo, el único que venía realizando reuniones para informar cambios dentro de FF.AA. y de las decisiones del Gobierno, supuestamente a favor de nosotros, era el mismísimo Ministro de Defensa. Nunca escuché del vicealmirante Zambrano una sola palabra respecto a mi caso, peor del ISSFA; ni se diga de las políticas en los distintos niveles del mando, dando a entender que paulatinamente nos habíamos allanado a las decisiones correístas y habíamos olvidado la sagrada misión establecida claramente en los artículos 158 y 159 de la Constitución de la República del Ecuador.

Las alusiones que anteceden son para recordar como habíamos tocado fondo, en particular, por el clientelismo que se había creado con el gobierno, tanto de las cabezas que nos representaban como mando naval hasta ciertos almirantes y generales que se limitaron a hacerse de la vista gorda de la debacle institucional. 

Nunca pude entender el porqué de su pasividad, a qué le tuvieron miedo, porqué habían botado por la borda tres o cuatro décadas de servicio militar a cambio de unos cuantos años de una seguridad y bienestar aparentes y temporales en sus rangos; y lo que es peor, ni siquiera tenían la garantía de que el Presidente les pague bien por ese servilismo y subordinación mal entendida y tergiversada. 

Me cuesta tanto entender, al menos en materia militar, qué ocurrió con nuestros mandos. La teoría de que debíamos esperar a mayo del 2017, fecha de elecciones, no cuajaba, pues a cada momento se disparaban decisiones políticas sin el aval ni puntos de vista del mando militar. Las decisiones eran en su totalidad unilaterales y solamente confiábamos en el tira y jala de oficios en una suerte de guerra epistolar cuyos resultados eran pobres, tan pobres que a renglón seguido de algún consejo ampliado de generales y almirantes, las decisiones políticas no se hacían esperar. 

Ejemplos muchos, entre otros, venta de bases militares previamente confiscadas por la entidad Inmobiliar, adquisiciones sin conocimiento de causa como los AK-47, entrenamiento de grupos civiles por parte de militares en servicio activo, el atropello en mi contra, discursos políticos en favor de la revolución ciudadana como el del caso del teniente coronel. Marco Montenegro el día de su ascenso, etc.

Lograr entender como se ha logrado distorsionar los más caros valores y principios institucionales es una tarea monumental, cuyos resultados implican cambios generacionales, falsas expectativas y sobre todo una “descolocación” del personal militar.

Los ascensos, usualmente dentro de la carrera de las armas, no son otra cosa, que el justo reconocimiento a una vida entregada a causas del bien común, aquellas que demandan transbordos y pases con traslados de todo el núcleo familiar, comisiones dentro y fuera del país, patrullajes en seguridad interna y externa, operaciones de alto riesgo y participación en tareas de apoyo a la comunidad. Todas estas actividades son registradas y legalizadas en nuestra hoja de vida militar. A esto se suman las calificaciones obtenidas en las escuelas de formación y los cursos de capacidad y perfeccionamiento. Se agregarían también las acciones meritorias y las disciplinarias. 

En resumen; y, sin adentrarnos en los distintos procesos de calificación en los cuales estamos inmersos, durante toda la carrera estamos expuestos a evaluaciones cíclicas, periódicas y eventuales; lo que implica que no todos estarán conformes con los resultados de dicho proceso. Otra cosa que también nos inculcan es que el fin no siempre debe justificar los medios, que todo aquello que aspiremos como objetivos en la carrera debe supeditarse a las relaciones internas y a la normativa institucional. 

Jamás, aprovecharnos de las coyunturas que puedan comprometer el honor y la dignidad, que también son dos de los principios remanentes del conjunto de valores que fueron reforzados en las escuelas militares y fortalecidos a lo largo de la carrera militar. 

No obstante, como en toda Institución, existen cuadros que a lo largo del camino se dan cuenta que necesitan de recursos extras para cumplir con sus metas; personal militar, que sin dudarlo recurriría al peor de los comodines para seguir ascendiendo, la política, especialmente al grado de contralmirante, grado que da inicio a lo que se conoce con el nombre de almirantazgo. 

Dentro de los casos en los cuales el poder político dio paso a los reclamos de ascenso al grado de contralmirante, hubo uno en particular que rompió todos los esquemas, mismo que se venía gestando en años previos, y que, cuya única salida para materializar su ascenso sería con su clientelismo al correísmo; pues, ya venía siendo jefe de seguridad del ex presidente Alfredo Palacio. Poco a poco iría aprendiendo las triquiñuelas para satisfacer a quienes detentaban el poder.

Martín Pallares, respecto al ascenso de Lenín Sánchez en 4 Pelagatos el 31 de mayo del 2016 lo dice en forma categórica: “El deterioro en las relaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas sigue profundizándose. Esta vez el foco más caliente de la tensión está en el interior de la Fuerza Naval donde la oficialidad se halla indignada e inquieta. La razón: la intención del Ministro de Defensa de ascender a contralmirante al capitán de navío Lenin Sánchez Miño.

La resistencia a este ascenso tiene una cara administrativa y otra política. Lo administrativo tiene que ver con las condiciones en que Sánchez sería ascendido. Según las fuentes militares consultadas por 4Pelagatos, Sánchez no tiene el puntaje requerido para el ascenso a contralmirante. Sin embargo, el Ministerio de Defensa estaría por aceptar un recurso de revisión presentado por él para que se le asignen los puntos que le faltan. Esto, según la oficialidad, es ilegal pues las normas y reglamentos militares garantizan la autonomía de los procesos internos de las FFAA y, además, se estarían violando los plazos para que una resolución como esa pueda servir.

Esta oposición al procedimiento administrativo que el gobierno estaría utilizando para ascender a Sánchez se evidencia en una carta, a la que tuvo acceso 4Pelagatos, que el contralmirante Ronald Muñoz Cedeño envió al presidente Rafael Correa y que circula entre la oficialidad. En ella, Muñoz sostiene que, de aprobarse el ascenso de Sánchez, se estaría cometiendo una alteración ilegal de procedimientos con gravísimas consecuencias en la vida institucional de la Marina. Según esta óptica, muchos oficiales que no tienen los 350 puntos mínimos exigidos para un ascenso podrían intentar beneficiarse de una revisión como la que estaría por aplicarse a Sánchez.

Pero también está lo político. Sánchez es visto como un oficial cercano al gobierno y al ser ascendido podría hacerse cargo, por presión política desde el Ministerio de Defensa, de las fuerzas especiales de la Marina pues él es un infante de marina. ¿Tiene esto algún significado político? Para el coronel en retiro Alberto Molina, tener el control de las fuerzas especiales de la Marina significa tener un inmenso poder dentro de la institución pues se trata de la tropa de la Marina más especializada en tareas bélicas.

Para muchos oficiales, lo que está tratando de hacer el Gobierno no es únicamente colocar a un oficial cercano en una posición militarmente muy importante sino clave dentro de todas las FFAA. Además, dicen, está tratando de exasperar y perjudicar a las FFAA con las que se ha enfrascado en una pugna muy fuerte, especialmente desde que se produjo la orden presidencial de retirar 42 millones de dólares de las cuentas de la seguridad social militar. Esto por haber vendido, con un supuesto sobreprecio al Ministerio del Ambiente, los terrenos donde funciona el parque de Los Samanes. Esta molestia en la oficialidad de la marina se expresa, dicen las fuentes, en la carta que el contralmirante Muñoz Cedeño ha enviado a Correa y que ha sido distribuida en varios repartos militares.

En la carta, Muñoz Cedeño acusa al gobierno de intentar desinstitucionalizar a las FFAA con intereses políticos. El alto oficial dice a Correa que una evidencia de este interés se refleja en “la Resolución Administrativa adoptada como producto del Recurso extraordinario de revisión presentado por el Sr. CPNV Lenin Sánchez Miño, al calificarlo para el ascenso a Contralmirante; Resolución que atenta a lo estipulado en el segundo inciso del Art. 160 de la Constitución de la República que reza: ‘los miembros de las FFAA y de la Policía Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones y su sistema de asensos y promociones con base en méritos y con criterios de equidad de género”.

Más adelante, sostiene Muñoz, “destaco el hecho que esta última selección es parte del proceso normal de filtraje de los miembros de las FFAA que permiten mantener su estructura piramidal, pues no todos los que se gradúan pueden llegar a ser suboficiales mayores. El sistema está diseñado para que sólo los que llegan a acumular 350 puntos o más, de 500 puntos posibles que evalúan su desempeño durante toda su carrera, sean calificados para ascender a la jerarquía de Contralmirante; si hubieren más oficiales que alcancen los 350 puntos, mayor a la cantidad establecida cuatro y medios meses antes, sólo se calificará a los seis que tengan el mayor puntaje”.

“Resulta que a pesar que el Sr. CPNV Sánchez Miño ni siquiera llegó a los 350 puntos -dice el contralmirante Muñoz- se resolvió favorablemente en el Ministerio de Defensa su apelación, lo que probablemente afecte a los Oficiales de la siguiente promoción al momento de su calificación restándoles inmerecidamente esa oportunidad y, lo que es peor, desmotiva no solo a los oficiales de las promociones venideras a ser calificadas, sino a todos los oficiales que no alcanzan a comprender esta intromisión injustificable, por decir lo menos, a la Constitución y a las leyes y reglamentos que regulan nuestros ascensos. Pero lo más peligroso de esta inconstitucional resolución es que allanaría el camino para que todos los Capitanes de Navío que no fueron calificados para ascender a Contralmirante por no haber completado los 350 puntos presenten demandas por considerarse discriminados lo que ocasionaría un verdadero caos. Esto no lo debe permite señor Presidente, puesto que finalmente usted es quien debe firmar el correspondiente Decreto Ejecutivo de la inconstitucional selección para el ascenso del CPNV Lenin Sánchez Miño”.

Fuentes oficiales dicen que las cartas ya están echadas y que el ascenso de Sánchez se hará efectivo en una ceremonia el 10 de junio. Mientras tanto, las tensiones aumentan de lado y lado”.

Lenín Sánchez, un caso especial 

EO: A lo largo de su carrera siempre demostró ser un oficial carismático, con un aparente don de gentes muy peculiar. Me refiero al oficial Lenin Sánchez que desde que ingresé a la Escuela Naval fue una de las figuras que imprimió su estilo en nuestra formación al ser el instructor militar. Al menos, una vez a la semana nos persuadía de la vocación de servicio y de todo aquello que sume en el patriotismo del guardiamarina. 

Como escucharía a un amigo personal de él, al menos hasta aquella época, – Lenin es un encantador y enamorador. 

Poco tiempo después supe que no fue un eufemismo, sino fue literal. Al tener el don de la palabra, fue orador y escritor de poemas. Supe de la publicación de unos escritos, aprovechándose de la coyuntura de su amigo el vicealmirante Luis Jaramillo, cuando fue Gerente de Petroecuador. 

Su vida militar estaba caracterizada por estar en pases que en la Armada eran conocidos como “carne”. Al haber servido en la Escuela Superior Naval por dos ocasiones, en la presidencia por dos ocasiones, en la Agregaduría Naval de Ecuador en Estados Unidos; le permitió, hacerse conocer por propios y extraños. De hecho nadie conocería su verdadero yo y el egoísmo de sus intereses personales mejor que sus compañeros de promoción y sus más y menos antiguos inmediatos; el resto, nos acogíamos a la frase “caras vemos, corazones no sabemos”. 

¿Meritocracia en ascensos militares?

AM: No se puede, al menos en nuestro país, hacer graciosos ascensos violando la Constitución y las leyes que rigen la carrera militar. Por lo tanto, sólo el fiel cumplimiento de leyes y reglamentos militares garantizan a todo militar digno que alcanzará todos los grados de su carrera sólo por la vía del profesionalismo severo. Nada de adulos, compadrazgos ni amiguismos; únicamente méritos, respeto, disciplina, trabajo, justicia y como objetivo central, cimentar una sólida jerarquía y la formación de una institución de sólidos valores cívicos, morales y espirituales, al servicio, sobre todo, de los caros intereses populares.

En nuestro país, los ejércitos libertarios estaban jerarquizados y los ascensos eran otorgados por méritos de guerra. Ya creadas las nuevas repúblicas, las luchas continuaron, pero para captar el poder político, los gobernantes, en su mayoría, fueron militares, con el grado de General.

A inicios de siglo XX se inicia la verdadera profesionalización militar en el gobierno del Presidente Alfaro. En varias constituciones fue preciso que conste que sólo el Ejecutivo tenía la potestad de otorgar grados militares ya que aparecían Coroneles y Generales “proclamados” por las “montoneras alfaristas”. “A estos ‘coroneles-hacendados’ se los calificaba popularmente como ‘coroneles gritados’, tanto para destacar el hecho de que el rango les había sido conferido por sus propias tropas, al grito de ¡Viva mi coronel!, como para diferenciarlos de los ‘coroneles graduados’; es decir, de aquellos que habían recibido su grado de las autoridades correspondientes”. (Núñez 1995).

Nuestras Fuerzas Armadas, al correr de los tiempos, han alcanzado un alto grado de profesionalismo, regidas por leyes específicas como señala la Constitución vigente, en su artículo 160: “los miembros de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones, y su sistema de ascensos y promociones con base en méritos…”.

“Hoy, la carrera de las armas, en casi todos los países de la región, ya no se hacen en los campos de batalla, sino en las academias militares y en el ejercicio de funciones tecnoburocráticas. Los ascensos no son resultado de acciones heroicas o de favores clientelísticos otorgados por un omnímodo jefe, sino que provienen de estudios, méritos y disciplina que resumen en el concepto de antigüedad. Ahora es una limpia hoja de servicios, la única que le garantiza a un oficial la posibilidad de avanzar en el estricto escalón militar. Como consecuencia de este profundo cambio que ha experimentado la vida militar latinoamericana, se han constituido fuerzas armadas profesionales e institucionalizadas que son hoy las que prevalecen en la mayor parte de los países de América Latina”. (Hurtado Osvaldo. Cordes 1988).

No es aconsejable entonces seguir el ejemplo de Venezuela donde el poder político intervino en ascensos, al margen de leyes y reglamentos militares. Miren cómo pasó: el 4 de febrero de 1992 (4F), en Venezuela, el Tcrnl. Hugo Chávez Frías  lideró una cruenta intentona golpista para derrocar el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el golpe fracasó y Chávez fue detenido y condenado a dos años de prisión. El 27 noviembre (27N), de ese mismo año, un grupo de militares protagonizó otro intento de golpe, que también fracasó; entre sus demandas se hallaba la puesta en libertad de Chávez. En mayo de 1993, el Parlamento destituyó a Carlos Andrés Pérez y su sucesor, Rafael Caldera, decretó la amnistía de Hugo Chávez. Chávez y muchos de los militares que lo acompañaron en la intentona golpista del 4F y del 27N fueron dados de baja de las filas militares.

Una vez liberado, Chávez inició una meteórica carrera política, ganó las elecciones y asumió la presidencia en 1999. Sus antiguos compañeros de las fallidas aventuras golpistas asumieron cargos importantes en la administración del Estado.

Hace un poco más de 2 años, en una ceremonia castrense, el heredero de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, decretó el insólito ascenso de oficiales golpistas que participaron el 4F y el 27N, a los que llamó “combatientes patriotas”. Sin mediar ningún requisito legal, anunció que el Teniente Diosdado Cabello, en aquel entonces Presidente de la Asamblea Nacional, pasaba a ser Capitán; el Tcrnl. Francisco Arias Cárdenas, gobernador de Zulia, Coronel; y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, gobernador de Guárico, Contralmirante. El ahora “Contralmirante”, Ramón Rodriguez Chacín, fue señalado en el 2009 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros por colaborar con los insurgentes colombianos de las FARC en el tráfico de drogas.

En nuestra Marina, el caso del CPNV Lenín Sánchez Miño, se ha hecho público, se conoce que no reúne los requisitos para ser declarado idóneo para su ascenso a Contraalmirante. Pero, de concretarse su ascenso, no sólo que sería atentatoria a las leyes y reglamentos militares, sino que sentaría precedentes funestos para las Fuerzas Armadas.

Lisonjero por naturaleza y cepillo por  antonomasia

EO: De los recuerdos de este tristemente célebre oficial para la Armada del Ecuador, FF.AA. y el país en general, vienen a mi mente aquellos cuando fue prematuramente Comandante del Cuerpo de Infantería de Marina en el año 2003. 

Apenas siendo alférez de fragata estábamos conscientes de que los comandos de Unidades eran privilegios y responsabilidades que abarcaban tiempo de servicio y méritos. No obstante, al parecer para Sánchez esto significó mero romanticismo. Dada la desconfianza del Mando, representados por el vicealmirante Zapater y contralmirante Dousdebés, hablando de la línea directa sobre la Infantería de Marina, le confiaron el mando a un capitán de fragata recién ascendido, dejando de lado a capitanes de navío y capitanes de fragata de mayor jerarquía. ¿Acaso esta decisión fue legal y legítima?, no responderé preguntas que nacen de decisiones militares y formales, pero lo que sí argumentaré es que, para que estos privilegios hayan sido irrogados a Sánchez, debieron haber mediado otros factores y de hecho en su momento fueron públicos. 

Dos comandantes que fueron señalados por mal manejo de fondos públicos, a posteriori no ascendieron por ello, otro era conocido por exagerar hechos, además de su pobre liderazgo frente a las tropas. ¿Y el resto?, acaso no disponían de la formación necesaria para comandar; o acaso, no conocían como realmente funcionaba el sistema de poder dentro de la Fuerza prescindiendo de la coyuntura, cuestión que Lenin Sánchez lo tenía más que claro. 

El hecho es que pasó a comandar dos largos años la Fuerza de Infantería de Marina. Si lo hizo bien o mal, eso dependió de los resultados y quienes fuimos testigos de su acostumbrada forma de trabajar, más verbo y sortilegio que hechos. 

Dejado a la suerte por mi Comandante 

EO: Las pruebas que aseguran que el contralmirante Lenin Sánchez conocía que yo me encontraba en la Unidad Judicial La Florida el 31 de agosto del 2016 eran evidentes y sobraban. 

Inclusive en el grupo de whatsapp que teníamos para aquel momento los oficiales del CUINMA, el comandante Marco Cáceres, desde las 14h00 comenzó a enviar fotografías que le eran enviadas desde el recinto judicial. 

Todos, en tiempo real, conforme era enviada la información, sabíamos exactamente lo que ocurría en la Florida. Era cuestión de minutos para que el Comandante de la Infantería de Marina, sepa qué ocurría con su subordinado el capitán Ortega. 

No obstante, mi jefe, se desentendió de lo que estaba ocurriendo, su pretexto fue llamarme la atención y reclamar aplicando su jerarquía, nunca asumió su rol protagónico y todo tomó a la ligereza. Creo a tal punto que él era parte del plan macabro de Patiño de desinstitucionalizarnos, y qué mejor empezando con mi cabeza. 

Lo que el no llegó a entender, es que yo lo tenía claramente definido, sabía como operaba. Nadie más que yo, conocía de sus pretensiones y de su doble discurso. Lo comprobaría en cada momento que entraba a su despacho y cómo burlescamente creía él manejar la situación de sus subordinados. 

Cómo ya no le creí, a partir de octubre del 2016 comenzó por lo más fácil para un esbirro almirante como él: perseguirme con sanciones a faltas inexistentes y difamarme a mis espaldas. 

Lenin Sánchez pasó ya a la historia como un individuo nefasto para las Fuerzas Armadas del Ecuador. Evidencias y pruebas de su conducta están a la vista. Él debe agradecer que en esa tarde del 31 de agosto del 2016 la violencia no desbordó, y los afectados supimos mantener la cordura ante la turba y los medios de comunicación. 

Incongruencias entre miembros del  Consejo

EO: Nunca se pusieron de acuerdo. He investigado hasta la saciedad cuáles fueron los reales motivos por los que el Dr. Jorge Zavala Egas nunca asistió con los accionados a la audiencia en la Unidad Judicial la Florida. 

De lo que si tengo la certeza es que hubo dilemas legales entre la cúpula naval, los miembros del Consejo y el Dr. Zavala; y, entre quienes accedieron a los servicios del Dr. Zavala, que por congraciarse con la historia se atribuían almirantes que prefiero no dar sus nombres porque no representan mayor relevancia en mi causa. 

Se barajaba, inclusive la opción de que los honorarios de mencionado abogado al ser elevadísimos e inalcanzables para el apretado presupuesto de la Armada, correría a cargo de un grupo de oficiales almirantes en servicio activo y pasivo denominado Cofradía del Mar.

No obstante, el Dr. Zavala Egas, no perdió su tiempo e inmediatamente consideró materializar en un documento lo vivido en el caso Ortega con la acción de protección planteada por el Presidente de la República. 

En “Los Horrores del Poder”, Zavala Egas, resume de manera jurídica y acuciosa, las burlescas medidas cautelares dadas por las juezas Pérez y Wolf al ex presidente Correa; además que con esta acción le “crearon” derechos al Mandatario.

Alianza País y su acostumbrado linchamiento 

EO: Es importante mencionar que junto a mi abogado defensor actuamos en la audiencia pública con la figura legal: “amicus curiae” como parte interesada. 

Al momento de salir del recinto judicial de la Florida los partidarios gobiernistas, en un número no menor a mil personas, quisieron quitarme la gorra (faltando a mi uniforme), me gritaron “militar ladrón”, “sinvergüenza”, que “salga de FF.AA.” pero a más de lo que implica encontrarme en un turba de personas insultándome, lo más triste fue que no recibí el respaldo de los miembros de la Institución, pues, fui el único militar en dicha audiencia. 

Luego, dentro de la Unidad, mi más cercanos colaboradores me supieron indicar que el contralmirante Lenín Sánchez había dado la orden de que prohibido acompañar al capitán Ortega, pues eran cuestiones de índole particular y no institucional.

De igual forma, continuó el linchamiento mediático de los medios de comunicación que respondían a los intereses del oficialismo. 

Enlace 491

EO: Uno de los hitos que marcó un antes y un después en mi condición de militar vejado por el poder fue el mensaje que el Presidente Correa dio a la nación a través del Enlace Ciudadano 491 desde Puéllaro cuando se refirió a la acción de protección que presentó en contra de la resolución del Consejo de Disciplina de la Armada en relación a mi caso. 

El presidente resaltó la decisión de la jueza Vanessa Wolf y recordó que la Constitución determina que el Presidente de la República es la máxima autoridad militar, así como La Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Además dijo, “…que lo que está en discusión es que, para dejarlo en la impunidad y sin sanción se les ocurrió la simpática teoría de que el Presidente no es superior militar, en consecuencia, se puede insultar al Presidente y no pasa nada, pero si insultan a un coronel, ahí sí. ¿Cómo íbamos a permitir tamaño despropósito de cuatro o cinco de un Consejo de Disciplina cambiando la Constitución?”.

Durante el Enlace Ciudadano 491, el presidente desglosó punto por punto la carta que le remití, en la que se refirió a un “…intento de dividir a las Fuerzas Armadas desinformando en las sabatinas. El capitán también opina en temas referentes al retiro de edecanes, habla de un supuesto «desgaste mediático», de la entrega de colegios militares y liceos navales al Ministerio de Educación, el cierre de agregadurías, el proyecto del Libro IV,  entre otros temas. Todos debemos someternos a la ley y al Estado de derecho y según eso el poder militar debe estar sometido al poder civil, no al revés. Entonces, ese Consejo trató de cambiar no solo la ley, sino la Constitución, los principios mismos de la República, de la democracia, por eso tuvimos que presentar esa acción de protección”.

Mientras esto ocurría, era notorio cómo el  ex presidente se descomponía, cómo, a parte de tomarlo de manera personal, desbordaba sus más arraigadas pasiones en contra de los militares. Fue innegable su malestar, y no podía dejar de lado el criterio del ministro de Defensa Patiño quien reiteró que “…el deber de los militares es proteger al pueblo ecuatoriano y al territorio nacional”. Acotó que no deben pronunciarse políticamente. «Ellos no pueden hacer este tipo de declaraciones, cualquier militar en servicio activo, incluso para dirigirse a algún funcionario público de alto rango tiene que pedir permiso en los correspondientes espacios orgánicos».  

El señor Patiño, en su demagogia, creía que, los militares no podíamos expresar nuestras ideas. Estaba tan confundido al tenor de sus macabros planes que desconocía que en efecto sí podíamos expresarnos, inclusive la ley permitía que ejerzamos el derecho a sufragar. El problema radica cuando no estamos de acuerdo con sus políticas divisionistas, cuando entendemos que todo gira alrededor de un poder totalitario y que su palmarés del fracaso obedece a la corrupción y nepotismo. Y que sin lugar a dudas nos hemos dado cuenta de esto y aquello.

Finalmente, el presidente Correa insistió en que dicha misiva representa «un manifiesto político de los más retrógrados que he visto en los últimos tiempos en nuestra América y que refleja sectores totalmente retardatarios de nuestras Fuerzas Armadas. Las FF.AA, tienen que respetar la Constitución y ser obedientes, no deliberantes». 

Transcribo literalmente lo que dijo el presidente aquella mañana del sábado 03 de septiembre: “Por coincidencia ese día se llevaba la audiencia, se realizaba la audiencia por la acción de protección que tuve que presentar como Presidente. La prensa corrupta, en seguida, dándonos como bombo en fiesta: que la ridiculez del Presidente, de presentar una acción de protección para que lo reconozcan como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Y parcialmente tienen la razón, tal vez se les olvidó que era para contestar, ahí sí, la mayor ridiculez de la historia, que un Consejo de Disciplina, de 4, 5 oficiales de nivel medio, hayan decidido cambiar la Constitución para dejar en la impunidad a insultadores, injuriadores, con la folclórica teoría, con la folclórica decisión de que el Presidente no es autoridad militar, entonces sí se lo puede  insultar”. 

“Ofenden al Presidente de la República, es un manifiesto político… de los más retrógrados que he visto en los últimos tiempos de nuestra América y que refleja sectores totalmente retardatarios de nuestras Fuerzas Armadas, qué pena que existan estos sectores, pero de existir tienen que respetar la Constitución y ser obedientes no deliberantes, quedarse calladitos o tendrán todo el peso de la ley”.

“¡Qué está pasando!, y por favor soldados de la patria escuchen esto, sobre todo tropa, pero también oficiales, para que vean cómo los están perjudicando. Para ser rentable al ISSFA, yo les decía, en el sector civil privado el ciudadano aporta 9.45… y el patrono 11.15; en el sector público, esto es al revés no sé por qué: 11.15 aporta el ciudadano y 9.45 el empleador… Pero en el sector militar, como en el policial, para ser sustentable al ISSFA, le descuentan 23% al soldado y el Estado tiene que pagar, el único empleador, 26%”.

“Si es que tuvieran el sistema civil del sector público, donde aportara sólo 11.45% y el Estado 9.15, le costaría menos al Estado y ganaría más el soldado”.

Es evidente el afán de no solo imbuir de odio al personal civil, sino de manera implacable dividir a la tropa en contra de la oficialidad. Las arengas desde el nivel político se pueden tornar peligrosas en ciudadanos que hacen de la política su razón de vivir y se convierte en fanatismo cada uno de sus actos y expresiones. De ahí que, una vez que la sabatina culminó, tomé una decisión que considero abrió dos frentes, por un lado generó cierta incomodidad dentro de FF.AA. por mis declaraciones a los medios de comunicación (escrita, hablada e internet); y por otro, atizó más la cancha del lado político en mi contra. 

Mi decisión fue la de enfrentar a la aplanadora del poder político con el único recurso que me quedaba a parte de mi hombría de bien y entereza de carácter: la ayuda de los medios de comunicación; es decir decidí dar a conocer al mundo la persecución en mi contra por haberme expresado dentro de los canales democráticos y civilizados. También, debo precisar que el linchamiento mediático facilitó mi reacción en contra del abuso del régimen, sobre todo cuando el Presidente muy bien sabía que mi vida corría peligro desde el momento que me tildó como antipatria y que mi “intención era la de desestabilizar” con mi misiva y las palabras grabadas en la Infantería de Marina habiendo dado según él “un golpe blando».

La llamada telefónica que lo definió todo

Inmediatamente culminado el Enlace 491 procedí a comunicarme con el contralmirante Ronald  Muñoz, militar honesto y leal, de los pocos que en su momento reaccionó valientemente ante el oprobioso accionar de los revolucionarios de Alianza País, en particular, cuando se promovió a Lenín Sánchez a contralmirante. 

– ¿Mi almirante solicito me indique si vio la sabatina? 

• Qué fue Edwin como estás. Siempre amable en su saludo y preocupado por sus subalternos -. Este caballero de palas doradas era de los poquísimos del mando naval en quien se podía confiar. Cuando estuvo de Inspector General de la Armada no dudé en enviarle sendos oficios respecto del abuso del comando de Sánchez en mi contra cuando era mi inmediato superior en CUINMA, y de las sanciones recurrentes. Estaba clarísimo de quienes eran los jefes militares y cómo habían transgredido los valores institucionales a cambio de mantener su status quo y de vivir del disfrute de las bondades y privilegios que otrora eran bien ganados por almirantes que mostraron una carrera de honor y dignidad. Todo esto estaba en caída libre y con un enfoque revolucionario que sin lugar a dudas había contaminado al sistema. – No la he visto, pues estaba viajando a Manabí, pero cuéntame dijo algo el maligno en contra de FF.AA.? – Sonriendo le comenté que no, que no había dicho algo el Presidente, sino que había desbordado todo su veneno en mi contra.

– Mi comando – como solía llamar a mis superiores que merecían mi gratitud y admiración – permítame decirle que convocaré a la prensa. No es posible que luego de meses de batalla legal en contra del Gobierno, y cuando he sido absuelto, una jueza de Alianza País haya fallado a favor del Presidente. Además, muy a parte de un segundo consejo de disciplina, me preocupa mi integridad, usted bien sabe como son los “borregos” de la revolución, hay fanáticos y pueden atentar contra mi vida misma.

– Tranquilo Edwin, espera que te ofrezco hablar con mi almirante Noboa hasta más tarde. 

– Esta bien señor. Esperaré su llamada hasta mañana medio día. Si el Mando no se va a pronunciar hablaré ante la prensa pues es mi único mecanismo de defensa ante semejantes ataques, más aún cuando la Armada me ha dejado solo en esta batalla legal, mediática y de persecución política. De todas formas creo que se debe hacer énfasis en lo que usted más defiende, y por eso me he permitido llegar a este extremo mi comando.

Esperé la tarde del sábado y parte de la mañana del domingo, no obstante como ni el Presidente ni yo estábamos jugando, al parecer a la Armada le era un caso aislado de poca importancia y que sería pasajero. Pobre apreciación de ciertos oficiales que asesoraban al mando y que no calcularon la real dimensión de los hechos y cómo irían evolucionando en el tiempo.

Como era de esperarse, la llamada de mi almirante Muñoz llegó el domingo en horas de la tarde. En pocas palabras me supo manifestar. – Edwin, he hablado con mi almirante Noboa y lamenta mucho por lo que estás pasando, pero considera que no deberías hablar ante la prensa y que tampoco dará declaraciones. Dijo que te cuides y que Dios te bendiga.

Minutos después me reuniría con Marlon Puertas para contarle parte de mi historia.

La jueza “golondrina»:  Jazmín Pérez  Mayorga

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A pesar que no ha sido muy nombrada, pero quien en primera instancia avocó conocimiento de la causa planteada por Correa en la Unidad Judicial de la Valdivia, al sur de Guayaquil fue la jueza Jazmín Pérez Mayorga. Muy poco se sabe de ella, pero de lo que si estoy seguro fue que en algún momento gocé de su amistad cuando ella trabajaba para la compañía de agentes afianzados de aduana Valero y hermanos. 

Lamentablemente ella, sucumbió al terror que infundían Alexis Mera y Gustavo Jalkh; y sin pensarlo dos veces, pues su trabajo estaba en juego, fue quien dio las medidas cautelares al ex Presidente.

La jueza Wolf y sus cuatro minutos 

Martín Pallares en el portal periodístico y de investigación 4 Pelagatos el 1 de septiembre del 2016 redactó el siguiente artículo: “Como discípulo y alumno aplicado de León Febres Cordero, Alexis Mera sabía perfectamente que para consolidar al poder en el Ecuador se necesitaba de jueces. Lo mismo sabe el principal cliente de Mera, el presidente Rafael Correa. Por eso ,cualquier espacio donde su poder esté de una u otra manera cuestionado, termina siendo resuelto por un juez. Todo a su favor, claro está, como en el caso de la juez Vanessa Wolf quien en apenas cuatro minutos redactó una sentencia en la que le otorgó un espurio recurso de protección en el que, interpretando la Constitución (cosa que únicamente puede hacer la Corte Constitucional), le concedió su más ferviente deseo: ser reconocido como el militar de mayor jerarquía en el país.  Wolf -como todos los jueces que es empleada por el poder- es una simple pieza en el tablero que Correa y su defensor Mera han trastocado para que no haya espacio que no esté bajo su control. Esos jueces no se azoran siquiera por ser identificados políticamente con Correa ni por resolver casos como el mío cuando en su pasado aparecieron felices en actos proselitistas de su movimiento. Por eso no era de sorprenderse que en una fotografía, que circulaba en redes sociales, la jueza  Vanessa Wolf haya parecido en un acto proselitista de Alianza País, en el 2014, abrazada a Viviana Bonilla, cuando la ex gobernadora del Guayas era candidata a la Alcaldía de Guayaquil. En esa misma foto aparecen, como lo hizo notar mi abogado Juan Vizueta y para que no quede duda de cómo los jueces conocen el axioma de que no solo hay que ser leales al movimiento sino que hay que dar muestras de serlo, los jueces Carlos Ferrín y Fernando Andrade, también aparecieron. Wolf no solo que aparece feliz en la foto junto a Bonilla sino que porta, toda orgullosa, un pin verdeflex en su pecho». En cualquier democracia sólida, un antecedente de compromiso político así hubiera bastado para un juez se excuse de conocer un caso como el que Wolf resolvió en mi contra. 

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Justicia clientelista

El porta de investigación 4 Pelagatos lo dijo con audacia y veracidad: “Correa ha demostrado que sabía perfectamente lo que decía en el 2011 cuando admitió, abiertamente, que su determinación de reformar la justicia a través de una consulta era con el fin de “meter la mano” en ella.  Todas las controversias donde se juegan espacios de poder las ha zanjado mediante decisiones judiciales. Ocurrió en el caso El Universo y Emilio Palacio, donde incluso un juez que pasó a la historia como Chuky Seven asumió como suya una sentencia redactada por los abogados de Correa. Tras el 30-S, los jueces se encargaron del coronel César Carrión, el mayor Fidel Araujo  y los jóvenes que irrumpieron en Ecuador TV. En ese mismo caso, la activista Mary Zamora también fue perseguida por otro juez. Ocurrió incluso antes cuando Correa consiguió, en su calidad de Presidente, que un banco le indemnice por un mal entendido con 600 mil dólares. Su abogado, Galo Chiriboga, fue luego embajador en España y también fue Fiscal de la Nación. La misma lógica, del poder consolidado a punta de sentencias, operó en los casos de Fernando Villavicencio y Cléber Jiménez. Si Manuela Piq quiso obtener una acción de protección, luego de ser expulsada por una decisión política, una jueza se lo negó. Y qué decir de los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita quienes fueron condenados, asimismo, por un juez que le dio la razón a Correa en el caso del Gran Hermano. Los jueces que han actuado de acuerdo al gusto de Correa y Mera también han sido premiados. No en vano los jueces que resolvieron casos clave para la lógica del poder correísta obtuvieron sospechosamente puntos extras en su aspiración a llegar a la Corte Nacional. Wilson Merino dictó la sentencia que condenó al diario El Universo. Lucy Blacio dictó las sentencias del caso Palo Azul y la de Cléver Jiménez, Villavicencio y Figueroa. Ximena Veintimilla tuvo el caso de Jamil Mahuad y otros casos.  Wilson Andino trabajó el expediente de Chevrón y Mariana Yumbay ha participado en casi todos los líos delicados para Correa. Los jueces, han sido, los grandes aliados y chupamedias de Correa en estos 10 años de correísmo. Lo vio el experto peruano Luis Pásara cuando, en un informe que elaboró junto a tres organismos internacionales, dijo que “el papel de la judicatura empezó a seguir un patrón: no ir en sentido contrario a los intereses del poder Ejecutivo”. Vanessa Wolf, solo es un caso más de la justicia chupamedia”. 

Resolución de la Jueza

Retomando la acción de protección, la misma recayó en la Jueza de lo Civil de la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil, Vanessa Wolf Avilés, quien aceptó la acción de protección y en audiencia pública, del 31 de agosto del 2016, declara:

“La vulneración al derecho constitucional de la seguridad jurídica de la parte accionante al haberse en Resolución No. CUINMA 001-2016 emitida por el Consejo de Disciplina conformado por los accionados y emitida de fecha 17 de julio del 2016, inobservado lo establecido en el artículo 147 numeral 16 de la Constitución de la República del Ecuador que establece que le corresponde al accionante: Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”, y en consecuencia se ordena dejar sin efecto la mencionada resolución. Por lo tanto se dispone que de manera inmediata la autoridad competente conforme un nuevo Consejo Disciplinario a fin de que juzgue la conducta del señor EDWIN LUIS ORTEGA SEVILLA, quienes deberán resolver sobre la base de las disposiciones constitucionales y legales indicadas en el contenido de esta resolución”. 

¿Ahora crearán el grado de mariscal o generalísimo para el Presidente?

AM: El Capitán francés Alfred Dreyfus, fue falsamente acusado de entregar información al enemigo, enjuiciado por traición a la patria, dado de baja, degradado en forma deshonrosa y condenado a perpetuidad en la Isla del Diablo. Descubierta la maniobra, Dreyfus fue declarado inocente y reincorporado al ejército.

En nuestro país, al Capitán de Corbeta de la Infantería de Marina Edwin Ortega, por contestar a una carta enviada por el Presidente a su correo personal, se le acusa de que “a través de su correo electrónico habría realizado un acto de manifiesta indisciplina contra un superior como lo es el Presidente de la República”. Además se ordena al Ministerio de Defensa, pida al consejo de disciplina que a la sanción que se imponga al capitán Ortega se le apliquen dos agravantes: “la jerarquía del ofendido, que en este caso es la ‘máxima autoridad’ de las Fuerzas Armadas; y la vigencia de un estado de excepción”, declarado a raíz del terremoto de Manabí y Esmeraldas.

El Consejo de Disciplina Militar, conformado por cinco oficiales superiores de la Armada, inadmitió a trámite la denuncia planteada por el Ministerio de la Defensa en contra del Capitán Ortega. Correa de inmediato sentenció: “Estos soldados antipatrias tendrán que salir de las Fuerzas Armadas”, haciendo caso omiso a la Constitución que en su Art. 160 dice: “(…). Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones. (…). Los miembros de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo podrán ser privados de sus grados, pensiones, condecoraciones y reconocimientos por las causas establecidas en dichas leyes”.

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El asunto no quedó ahí. El Presidente planteó un recurso de protección, sosteniendo que la inadmisión declarada por los miembros del Consejo de Disciplina vulneraron su “derecho constitucional a la seguridad jurídica” y “que se ratifique que el Presidente de la República es la Máxima Autoridad de las Fuerzas Armadas, Superior Militar y Jerárquico, correspondiéndole el primer escalón de mando, según ordena el numeral 16 del artículo 147 de la Constitución, y artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y que, por lo tanto, constituye una Autoridad Superior de cualquier miembro de Fuerzas Armadas, para los efectos de la falta disciplinaria establecida en el artículo 36, letra b) del Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Disciplina Militar”.

Como no podía ser de otra manera (Crónica de una muerte anunciada), la jueza Vanessa Wolf en cuatro minutos resolvió aceptar la acción de protección presentada por el Presidente Correa y dejar sin efecto el fallo del Consejo de Disciplina que absolvió al capitán Ortega. A partir de esa decisión, el Presidente Correa pasa a ser “Superior Militar y Jerárquico, correspondiéndole el primer escalón de mando”. Ahora se debería reformar la Constitución y la Ley de Personal de las FF.AA. para que sobre el General de Ejército, Almirante y General del Aire, se cree el grado de Mariscal, Capitán General o como Francisco Franco, Generalísimo “por la gracia de Dios”.

La víspera del fallo de la jueza de marras, circuló en redes sociales la disposición de la Gobernación del Guayas para que los burócratas asistan a la audiencia: “Compañeros es importante que todos entendamos que en la audiencia de mañana se sentará un precedente sobre el poder civil, frente a la institución militar; estamos jugando históricamente la posibilidad de ubicar a ciertos desorientados mandos militares” y con total descaro: “Como indica el señor Gobernador, debemos asistir como ciudadanos, sin camisas verdes, sin chalecos ni identificaciones de servicio público”.

El Presidente Correa también señaló que “esta actuación de los militares que le respondieron es parte de una pugna política destinada a desequilibrar la democracia y exhortó a la sociedad a salir a las calles a defender la República. Aquí me juego la vida. ¡Vístanse de patria!”, esto es más o menos como que el incendiario, que además de atizar el fuego, llama a los bomberos.

Todo esto nos hace pensar que el debilitamiento y posterior abolición de las históricas Fuerzas Armadas está en marcha y se daría paso a las milicias populares, cuya única lealtad es al gobernante que pretende perennizarse. Esto se va pareciendo a Venezuela en donde se han creado grupos de garroteros que son guardias de choque como las llamadas células de “militantes revolucionarios” (bandas callejeras armadas) y las Redes de Movilización Inmediata (REMI) que son utilizadas para amedrentar violentamente a quienes consideran sus adversarios.

Durar, permanecer, perpetuarse y sucederse a sí mismo: esa es la estrategia del totalitarismo.